Los que tenemos algunos años, recordaremos a un presidente latinoamericano que se hizo famoso por ir decretando expropiaciones a diestra y siniestra, mientras caminaba por la ciudad o en medio de cadenas de radio y televisión, tomando por sorpresa a todo el mundo y en especial a los propietarios.
Sin llegar a esos extremos y a pesar de vivir en un país en el que la expropiación es una excepción sometida a una previa autorización legislativa, lo cierto es que para los propietarios puede llegar a generar diversos perjuicios, entre los que se cuenta la pérdida de la propiedad, los perjuicios económicos derivados de ese proceso y la enorme incertidumbre que termina afectando la vida emocional y la salud de los propietarios.
La incertidumbre aparece cuando el Estado notifica al propietario que pretende apropiarse de su inmueble, y a aprtir de entonces ese bien queda fuera del mercado, porque difícilmente encontremos alguien que lo quiera comprar o que quiera invertir en él, ni siquiera arrendarlo.
Sin embargo, habrá que seguir cumpliendo con las obligaciones de cualquier propietario, realizando las tareas de mantenimiento, pagando los servicios, cuidando que nadie lo ocupe, que no cause daño a vecinos y pagando los impuestos, de forma que poco a poco se va transformando en una carga.
Resulta difícil saber cuándo se concretará la transferencia, por cuánto dinero, ni cuándo se hará efectivo el pago. La preocupación por el futuro y la falta de control sobre la propiedad terminan muchas veces afectando la salud mental y emocional de los propietarios y sus familias.
Perder la propiedad de su terreno, edificio u otros activos afectados por la expropiación, genera también daños morales, especialmente vinculados al valor sentimental o familiar para el propietario. Resulta muy difícil perder la bienes que han estado por décadas vinculados a la vida y la historia familiar.
Recuerdo un caso en el que el propietario de un campo designado para expropiar por el Ministerio de Transporte, años atrás había cumplido con el deseo de su madre de que cuando falleciera, sus cenizas fueran esparcidas en un pequeño bosque de esa propiedad. Ahora el campo sería expropiado y ese bosque sería eliminado para la ampliación de una ruta nacional.
Aún en casos menos trágicos, la toma de posesión produce el desplazamiento de las personas que viven o trabajan en la propiedad afectada, lo que genera trastornos significativos en la vida de las personas afectadas, como la pérdida de su hogar o su lugar de trabajo.
A todo lo anterior se suma la probabilidad de una compensación insuficiente. Aunque la expropiación implica el pago de una indemnización, muchas veces los propietarios consideran que la cantidad ofrecida por el Estado no refleja el valor real de la propiedad, lo que se discute primero en el ámbito administrativo y luego se traslada al ámbito judicial, con los costos y tiempo que ello implica.
Nuestra constitución establece que la propiedad es un derecho inviolable, y que nadie podrá ser privado de su derecho sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre una justa y previa compensación, además de ser indemnizados por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio.
Sin embargo, estos derechos deben ser defendidos. En situaciones como estas, es crucial que las personas afectadas tomen una postura proactiva, asegurándose de cumplir con los plazos y requisitos del procedimiento. Para contar con el respaldo necesario y recibir asesoramiento especializado que defienda sus derechos a lo largo de todo el proceso, resulta imprescindible considerar la contratación de servicios profesionales legales como los nuestros.